La Asociación Colombia Fintech, el gremio de las empresas fintech del país, presentó el 28 de octubre su primer informe sobre criptoactivos con seis propuestas para regular un mercado que movió 29.100 millones de dólares en un año. Se trata de recomendaciones del sector, no de una norma nueva, informaron Portafolio el 28 de octubre de 2026 y La República el 28 de octubre de 2026.
Un mercado grande que crece más que la región
Las cifras del informe proceden de Chainalysis, una empresa que analiza datos de las cadenas de bloques. Entre julio de 2025 y junio de 2026, la actividad cripto en Colombia creció un 13,8 %, frente al 9,8 % de América Latina, según Portafolio, La República y El Tiempo el 28 de octubre de 2026.
Con ese volumen, Colombia es el quinto mercado cripto de la región, coinciden los cuatro medios. Por delante están Brasil, Argentina, México y Venezuela, detalla La República. El crecimiento llegó en un año en el que la capitalización total del mercado cripto cayó cerca de la mitad desde su máximo, añaden Portafolio y El Tiempo.
Las stablecoins mandan en los exchanges
El informe destaca que en Colombia las criptomonedas se usan sobre todo con fines prácticos. Cerca del 48 % de las compras en los exchanges locales corresponde a stablecoins, monedas digitales ligadas al valor de divisas como el dólar, según El Tiempo, Portafolio y Semana el 28 de octubre de 2026.
Se usan para acceder al dólar, pagar y enviar dinero al exterior o recibirlo. En las remesas, los canales tradicionales cobran entre el 5 % y el 7 % del importe enviado, mientras que con infraestructura cripto el coste puede bajar del 2 %, según las cifras del gremio recogidas por los cuatro medios.
Las stablecoins también atraen a grandes empresas de pagos. Circle y ACI Worldwide anunciaron el 27 de octubre un piloto para que los bancos liquiden pagos con USDC en Colombia.
Obligaciones sin un marco legal
La regulación de criptoactivos en Colombia sigue incompleta, ya que el país no tiene una ley integral sobre activos virtuales. El proyecto de ley 510 de 2025, que buscaba regular a los proveedores de estos servicios, fue archivado sin superar el segundo debate, recuerdan Semana y Portafolio y consta en la ficha de la Cámara de Representantes.
Aun así, el sector ya tiene deberes. La Resolución 000240 de la DIAN del 24 de diciembre de 2025 obliga a los proveedores de servicios de criptoactivos a informar a la agencia tributaria sobre sus operaciones desde el año gravable 2026, según el marco de intercambio de información de la OCDE. El primer reporte vence a finales de mayo de 2027, precisan la resolución y El Tiempo.
Un piloto en el entorno de pruebas de la Superintendencia Financiera concluyó que los riesgos de la relación entre entidades financieras y plataformas cripto eran manejables, pero no se ha convertido en norma, explican Portafolio y El Tiempo. La conclusión central del informe, según Portafolio, es que Colombia ha creado las obligaciones sin crear los derechos.
Qué propone Colombia Fintech
La primera medida es derogar tres circulares de la Superintendencia Financiera de 2014, 2016 y 2017, y sustituirlas por criterios objetivos de riesgo para que los bancos puedan trabajar con empresas cripto. La segunda es un marco integral para los proveedores, con supervisión coordinada entre la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera y la UIAF, la unidad de inteligencia financiera, según La República, Portafolio y El Tiempo.
El gremio también pide un registro público de proveedores, que no sería una licencia y que protegería los activos de los usuarios si una plataforma quiebra. Además, propone ajustar los reportes a la UIAF al umbral de 1.000 dólares del GAFI, permitir los criptoactivos en el régimen cambiario y crear reglas para tokenizar activos reales, recogen las mismas fuentes.
«Cada año sin reglas, el país cede terreno frente a los mercados que ya decidieron regular», afirmó Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech, según Portafolio y El Tiempo. En declaraciones a Semana, Santos pidió al próximo gobierno impulsar un proyecto de ley. Por ahora, se trata solo de propuestas del sector, que el Congreso o el Gobierno tendrían que asumir.
Información basada en Portafolio, La República, El Tiempo y Semana, y contrastada con la Cámara de Representantes y la DIAN.