La Fiscalía de los Países Bajos (Openbaar Ministerie, OM) pidió el 9 de noviembre de 2026 seis meses de prisión para un exagente de la Koninklijke Marechaussee, identificado como B. por NRC, acusado de un robo de cripto en Schiphol por más de 6.000 euros a un viajero controlado en ese aeropuerto, y de acceder de forma ilícita a sistemas policiales. El comunicado oficial del OM de Oost-Nederland del 9 de noviembre de 2026 publicó esa petición de pena el mismo día de la vista ante la sala militar de Arnhem. No se trata de una sentencia.
El OM no publica el nombre completo del acusado; NRC lo identifica solo como B., de acuerdo con la práctica neerlandesa de no difundir el nombre íntegro. La fiscalía sostiene que abusó de su acceso a sistemas a los que, como funcionario de la Marechaussee, tenía entrada, y que con ello «ha quebrantado de forma grave la confianza en las autoridades». El imputado ya fue destituido de la Marechaussee a raíz de esta causa, según el OM, que además pide que devuelva el dinero a la víctima. B. niega, según NRC, haber cometido el robo, aunque habla de «decisiones tontas».
Cómo se produjo el robo, según la fiscalía
El 24 de octubre de 2025, una persona fue controlada en un paso de salida de Schiphol y de esa inspección se levantó una anotación, relata el OM. Horas más tarde, el entonces agente consultó esa nota y siguió buscando en los sistemas policiales. Allí halló otra anotación de 2023 sobre la misma persona, en la que figuraba un código de recuperación de un monedero de criptomonedas: una secuencia secreta de 24 palabras con la que el titular puede restablecer el acceso.
Con esa frase, según la investigación citada por la fiscalía, el acusado retiró más de 6.000 euros del monedero de la víctima y los envió a su propia cuenta de criptomonedas. Más tarde aquel mismo día, siempre según el OM, transfirió el importe a su cuenta bancaria ordinaria y, en los días siguientes, lo reinvirtió en distintos criptoactivos.
La víctima tardó más de una semana en denunciar. El 3 de noviembre de 2025, al entrar en su cuenta para consultar el valor de sus criptomonedas, descubrió que casi todos sus ahorros habían desaparecido, relata la fiscalía.
El abuso de los sistemas policiales
El OM no se limita al robo. También imputa una vulneración informática: el registro no autorizado de sistemas en el ejercicio de su función. Tras la transferencia, el acusado consultó a la víctima unas 20 veces más en distintos sistemas policiales; la fiscalía interpreta que lo hizo para seguir la situación.
En febrero de 2026, al consultarse a sí mismo en esos sistemas, descubrió que ya figuraba como sospechoso y que podía ver actas y requerimientos elaborados sobre él. Al día siguiente, según el OM, se adelantó y presentó ante la policía un relato vago: que un tercero había enviado cripto a su cuenta. Se presentó como alguien sin conocimientos suficientes y pidió consejo sobre cómo devolver el dinero. La fiscalía considera ese descargo inverosímil.
La fiscal, ante la sala militar, argumentó que el acusado abusó de forma grosera de un acceso que está sujeto a condiciones estrictas. De un miembro de la Marechaussee, dijo, se espera una conciencia particular de esa responsabilidad, porque los ciudadanos deben poder confiar a las autoridades información confidencial.
Una petición de pena, no una sentencia
La petición de seis meses de prisión y de la restitución a la víctima es la pretensión de la acusación, no un fallo. NRC confirma que esa es la pena solicitada el 9 de noviembre y señala que la sentencia está prevista en un plazo de unas dos semanas; el comunicado del OM no indica una fecha exacta de fallo. El OM no ha detallado en su nota el tipo exacto de criptoactivo sustraído ni ha publicado el nombre de la víctima.
El asunto ilustra un riesgo concreto de los monederos: quien obtiene la frase de recuperación controla los fondos, incluso si esa secuencia aparece en un expediente policial. No se trata de un fallo de un exchange, sino del uso de datos a los que un funcionario no debía acceder con ese fin, según la tesis de la fiscalía.
Qué viene ahora
Corresponde al tribunal militar resolver si considera probados el robo y la vulneración de los sistemas, y qué pena impone, si llega a haber condena. Bitdiario contrastará la sentencia con el comunicado oficial cuando se conozca. Entretanto, el hecho verificable es la petición de seis meses de cárcel y de la devolución de más de 6.000 euros formulada el 9 de noviembre por la fiscalía neerlandesa, pendiente de sentencia. No constituye consejo de inversión.
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Información basada en el comunicado del Openbaar Ministerie de Oost-Nederland del 9 de noviembre de 2026 y en la cobertura de NRC el 9 de noviembre de 2026.