Texas crea una reserva estratégica de Bitcoin para protegerse contra la inflación

Texas se convierte en el primer estado de EE. UU. en establecer legalmente una reserva estratégica de Bitcoin. El fondo tiene como objetivo servir de protección contra la inflación y las conmociones económicas. Con esta medida, Texas toma la delantera en términos legales frente a otros estados que también están explorando inversiones públicas en Bitcoin.

Bitcoin como escudo contra la inflación

La ley, firmada por el gobernador Greg Abbott, autoriza al estado de Texas a comprar directamente Bitcoin. También permite que la reserva reciba BTC a través de forks, airdrops o donaciones. Según el texto legal, el fondo debe actuar como “protección frente a la inflación y la volatilidad económica”.

Un detalle importante: la reserva solo puede contener Bitcoin u otras criptomonedas que mantengan un valor de mercado promedio mínimo de 500 mil millones de dólares durante un período de 24 meses. Actualmente, solo Bitcoin cumple con ese criterio.

La ley también impone estrictas normas de seguridad. El administrador del fondo deberá contratar a un custodio reconocido para almacenar los Bitcoins adquiridos, garantizando así una protección a nivel institucional.

La gestión de la reserva queda en manos del funcionario principal del estado de Texas. Una comisión asesora ejercerá funciones de supervisión, pero las decisiones finales las tomará dicho funcionario. Se publicará un informe dos veces al año con los resultados y el estado del fondo.

Texas marca el camino legal para otros estados

New Hampshire ya había aprobado leyes que permiten inversiones públicas en Bitcoin, permitiendo hasta un 5 % de los activos estatales en BTC. En Arizona se está debatiendo un proyecto similar: la propuesta HB2324 fue rechazada inicialmente, pero tras una reintroducción ya fue aprobada por el Senado y ahora está siendo evaluada en la Cámara de Representantes.

Sin embargo, Texas es el primer estado en blindar legalmente su fondo de Bitcoin, impidiendo que futuras administraciones lo desmantelen fácilmente. Además, los ingresos y rendimientos del fondo no podrán ser utilizados para otros fines públicos.


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