La Policía Nacional informó el 12 de noviembre de 2026 de la detención de 43 personas en España por una presunta estafa a clientes bancarios que, simulando ser el departamento antifraude de sus entidades, habría causado un perjuicio superior a 1.140.000 euros. Así lo recoge el comunicado del Ministerio del Interior, replicado por h50 y La Razón. A los detenidos se les atribuyen, de forma presunta, delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales. Hay otras 13 personas investigadas no detenidas y un total de 95 imputados.
Cómo se ejecutaba la estafa a clientes bancarios
La investigación se inició hace un año, cuando los agentes detectaron una aplicación de mensajería privada en la que grupos se organizaban por canales, con identidades ficticias y funciones distintas. El modus operandi empezaba, según el comunicado, con el envío masivo de SMS a clientes, tras un estudio de perfiles que, por lo general, eran personas mayores de 65 años. Los mensajes simulaban proceder del departamento de seguridad o de prevención del banco y alertaban de una supuesta transacción fraudulenta, con un teléfono o una página web a la que debían acudir.
Los remitentes aparentaban encajar en el hilo de los SMS previos de la entidad, al sustituir los datos de cabecera. Una vez en contacto, el grupo pedía transferencias a otras cuentas o ingresos en cajeros, presentados como un modo de «proteger» los fondos. El comunicado describe también un «relay attack» por NFC: se convencía a la víctima de instalar una aplicación falsa que convertía el teléfono en un puente; al acercar la tarjeta, los datos se reenviaban en tiempo real y se usaban en otro dispositivo como si la tarjeta estuviera presente.
En algunos casos pedían claves o compartir la pantalla. El dinero se canalizaba a cuentas abiertas a nombre de terceras personas captadas, entre ellas jóvenes contactados en redes y personas sin hogar, según el texto oficial. El comunicado afirma que llegaron a conocer los límites de las cuentas y que, en ocasiones, una sola víctima perdió más de 45.000 euros. No se identifican aquí a las personas afectadas ni a los investigados.
El paso del dinero a criptomonedas
El propio comunicado desglosa una estructura de roles: quien aportaba bases de datos bancarios obtenidas de forma ilícita, los «senders» que las cruzaban, los «spoofers» que llamaban haciéndose pasar por el banco, los «muleros» de primer y segundo nivel, y un perfil denominado «exchange», encargado de «realizar los cambios de dinero por criptomonedas». Ese es el nexo con los criptoactivos: no se presenta como una plataforma de inversión falsa, sino como un cauce posterior para ocultar el origen de los fondos.
Bitdiario ya había recogido en España otro esquema distinto, el de la falsa plataforma de inversión DUTT investigada por la Guardia Civil. Las recomendaciones básicas coinciden con las de la guía para detectar estafas cripto y chiringuitos: no facilitar claves ni instalar aplicaciones a petición de un supuesto servicio de seguridad, y comprobar cualquier aviso en el canal oficial del banco.
El alcance de la operación
El ministerio cifra en 134 los hechos esclarecidos y en más de 1.140.000 euros el perjuicio. Se analizaron 400 canales o grupos de la aplicación de mensajería, con 300 identidades recopiladas y 100 personas identificadas de forma plena, según el comunicado.
La operación se desarrolló en tres fases. La última explotación, precisa el texto oficial, terminó en octubre, con tres entradas y registros (dos en Madrid y uno en Cádiz) y las 43 detenciones ahora comunicadas. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.
Qué viene ahora
Corresponde a la autoridad judicial tramitar las diligencias por los delitos imputados de forma presunta. El comunicado no detalla qué criptomonedas se usaron, en qué servicios se cambiaron ni qué cantidad de los 1,14 millones de euros quedó en criptoactivos. Hasta que haya más datos, el papel de las criptomonedas queda circunscrito a ese eslabón de blanqueo descrito por la Policía. Esta información no constituye consejo de inversión.
Información basada en el comunicado del Ministerio del Interior del 12 de noviembre de 2026, h50 y La Razón el 12 de noviembre de 2026.