El régimen PSAV uruguayo (proveedores de servicios de activos virtuales), aprobado por el Banco Central del Uruguay (BCU) en julio de 2026, se encuentra en plena fase de solicitudes: las empresas que ya operan tienen hasta el 31 de marzo de 2027 para pedir autorización, y el semanario Búsqueda relató el 19 de noviembre cómo dos plataformas locales se están adaptando a esas exigencias. La Superintendencia de Servicios Financieros adoptó el 10 de julio la resolución SSF N.° 2026-444 y la difundió el 16 de julio mediante la Circular N.° 2507. El País de Uruguay y el estudio Ferrere recogieron esas fechas en julio. El BCU no ha anunciado aún autorizaciones concedidas.
El régimen PSAV uruguayo fija plazos y autorización
Según la disposición transitoria de la circular, los PSAV pueden solicitar autorización para funcionar desde el 1 de setiembre de 2026. Los que ya estaban en actividad disponen hasta el 31 de marzo de 2027 y pueden continuar operando mientras el BCU tramita la solicitud. Los nuevos operadores, según la misma norma y los análisis de Ferrere y Bragard Abogados, deben obtener la autorización antes de iniciar actividades.
Quedan comprendidas las personas jurídicas que, de forma habitual y profesional, intercambien activos virtuales por moneda fiduciaria o entre sí, los transfieran, los custodien o administren, o participen en su oferta o venta. La circular exige información societaria, gobierno corporativo, seguridad de la información y prevención del lavado de activos, y fija el 30 de junio de 2027 como fecha límite general para adecuarse, «salvo que en el propio artículo se establezca un plazo diferente».
En la región, Bitdiario ya ha seguido el informe mensual que la CNV exige a los PSAV en Argentina y la revisión del GAFI sobre los países con más actividad cripto. El BCU no publica todavía un listado de solicitudes.
Garantía, depósito y patrimonio en unidades indexadas
El artículo 151.1.9 obliga a todos los PSAV a mantener una garantía a favor del BCU de no menos de 600.000 unidades indexadas (UI), mediante prenda sobre un depósito en UI en el banco central o sobre valores públicos nacionales cotizables denominados en UI. El artículo 151.1.11 añade un depósito a la vista en el BCU de no menos de 50.000 UI. El patrimonio mínimo de 1.000.000 de UI, según el artículo 151.1.8, aplica solo a quienes custodien o administren activos virtuales, u ofrezcan mecanismos que permitan controlarlos.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) fija la UI el 19 de noviembre de 2026 en 6,7080 pesos uruguayos, cifra que también publicó El País. Así, 600.000 UI equivalen a 4.024.800 pesos uruguayos (unos 99.100 dólares, según un tipo de cambio de unos 40,6 pesos por dólar el 19 de noviembre); 50.000 UI equivalen a 335.400 pesos (unos 8.260 dólares) y 1.000.000 de UI, a 6.708.000 pesos (unos 165.200 dólares). Búsqueda reprodujo esos mismos umbrales en UI.
Cómo lo viven las plataformas locales
Según el reportaje de Agustina Gómez en Búsqueda, Juan Becerra, director de Criptala, dijo que la firma opera desde 2020 y que buena parte de las exigencias ya formaban parte de su cumplimiento, aunque identificó como novedad la garantía ante el BCU. Becerra, siempre según ese medio, situó en torno a 20.000 los clientes acumulados —cerca del 90 % uruguayos— y estimó que unos 1.500 operan cada mes. A su juicio, la supervisión del BCU puede facilitar el vínculo con bancos, pero el aumento de costos puede afectar a algunos modelos.
Rodrigo Castañeda, de Roderich’s Crypto House, dijo a Búsqueda que la empresa ya comenzó a presentar documentación ante el BCU y que la garantía le pareció, al inicio, «muy alta para lo que eran las empresas locales», en comparación, sobre todo, con Argentina. Agustín Suárez, abogado de cumplimiento de esa firma, señaló, según el mismo reportaje, que deberán ampliar el área de prevención del lavado y reforzar los sistemas informáticos. Ambas compañías aclararon a Búsqueda que no custodian los activos de sus clientes y que, aun así, quedan comprendidas por las operaciones de intercambio.
Qué viene ahora
El plazo para que los PSAV que ya operan presenten su solicitud sigue abierto hasta el 31 de marzo de 2027. Después, la circular les da, con carácter general, hasta el 30 de junio de 2027 para adecuarse, salvo plazos específicos de algún artículo. El BCU no ha publicado, en las fuentes consultadas, un registro de solicitudes ni ha anticipado cuántas autorizaciones concederá.
Queda por ver, según los operadores citados por Búsqueda, cómo competirán las firmas locales con plataformas regionales e internacionales. Hasta que el banco central resuelva los expedientes, las empresas que ya estaban en actividad pueden seguir operando, de acuerdo con la propia circular.
Información basada en la Circular N.° 2507 del Banco Central del Uruguay (resolución SSF N.° 2026-444), en la tabla de la Unidad Indexada de noviembre de 2026 del Instituto Nacional de Estadística, en las coberturas de Búsqueda y El País de Uruguay, en las cotizaciones del peso uruguayo del 19 de noviembre y en los análisis de Ferrere y Bragard Abogados.